La Corte Suprema declaró que la violencia policial en protestas es sistemática por conductas que en el paro nacional de 2021 solo se han intensificado.
El paro nacional ha dejado claro que la sistematicidad de la violencia policial contra manifestantes es un problema estructural. Hemos sido testigos de un conjunto de prácticas policiales que violan los derechos humanos de manifestantes y lesionan gravemente el derecho a la protesta (Art. 37 Constitución). Sin embargo, analizar y demostrar en qué consiste la sistematicidad de dicha violencia es parte de lo que se debate actualmente. Aquí ofrezco algunas líneas de análisis a partir de una decisión clave de la Corte Suprema de Justicia y del análisis que se ha hecho de la violencia en el contexto del paro como parte de un sistema. Este tipo de análisis implica entender que la Policía es una institución centralizada, militarizada, con mando unificado y capacidad de operación en todo el territorio nacional.
Un buen punto de partida de cualquier análisis sobre la sistematicidad de la violencia policial en contextos de protesta es la sentencia del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema en la cual se examinó el comportamiento de la Policía durante el paro de finales de 2019. Para analizar la sistematicidad de la violencia, la Corte tuvo en cuenta las características comunes de víctimas y agresores, el patrón temporal, las acciones escalonadas con un número de víctimas considerable, la estrategia coordinada, el contexto en el cual ocurren las violaciones, el propósito y la escala, naturaleza e impacto.
Con base en estos criterios la Corte analizó cinco prácticas policiales contra manifestantes que fueron documentadas por las organizaciones de derechos humanos que interpusimos la acción de tutela para defender el derecho a la protesta: la intervención sistemática, violenta y arbitraria de las protestas; la estigmatización de manifestantes pacíficos; el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; las detenciones arbitrarias acompañadas de tratos inhumanos, crueles y degradantes; y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. La Corte encontró que la Policía incurre en estas conductas de manera sistemática y ordenó un conjunto de acciones que no han sido cumplidas, por lo cual solicitamos que se declare a las autoridades en desacato.
Las cinco prácticas anteriores no sólo se han repetido en este último ciclo de protestas, sino que se han extendido e intensificado, como revela un incremento del número de víctimas, diversificación de los eventos violentos y la profundización de la impunidad. ¿Cómo explicar esto?
En primer lugar, la estigmatización de las protestas por parte de líderes políticos y miembros del ejecutivo estructura y legitima la violencia policial. Sus palabras enmarcan la acción policial de tal manera que facilitan, promueven, justifican y perpetúan la violencia policial. Quizás el más claro ejemplo viene del presidente Duque, quien durante una autoentrevista señaló que existía “terrorismo urbano” en las protestas.
Esta estigmatización no sólo es predominante en el Gobierno, sino que se ha extendido a órganos de control como la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría. El patrón es el siguiente: las instituciones del Estado sostienen públicamente que protegen la protesta “pacífica”, al tiempo que estigmatizan a quienes protestan y toman medidas punitivas en su contra. Si en el 2019 la estigmatización de la protesta era una política de gobierno, ahora parece que presenciamos una política de Estado.
Tomado: El Espectador.com
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