De enero a mayo, el Gobierno, a nivel ministerial, no cumplió con la cuota del 30% que exige la Ley 581 de 2000.
Para nadie es un secreto que el presidente que prometió la paridad, un principio que va más allá de la Ley de Cuotas 581 de 2000 al proponer más del 30% de mujeres en los altos cargos del Ejecutivo, no le cumplió al país. Y se puede hablar de un pasado perfecto, porque el hecho de que durante cuatro meses el porcentaje de ministras haya sido apenas del 27% desdibuja el compromiso que sostuvo durante los dos primeros años de su mandato, así como su apego a la ley.
Es más, por el desconocimiento de la 581, un grupo de estudiantes y organizaciones sociales, como Dejusticia, Sisma Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, interpusieron demandas independientes ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad de las designaciones en los cargos en los que debió haber llegado a una mujer, enmendar el incumplimiento y, por lo menos, asegurar el 30% de las mujeres en el gabinete.
Pasaron tres meses y sobre esas demandas no hubo decisión alguna, cuando la evidencia estaba a la vista de todo el país y, igualmente, fue informada por los medios de comunicación ante las designaciones y posesiones de Daniel Palacios (Ministerio del Interior), Felipe Buitrago (Ministerio de Cultura) y Diego Molano (Ministerio de Defensa).
Por la coyuntura social que vive el país, aireada por los reclamos de la ciudadanía en las calles en el marco del paro nacional, era de esperarse que el presidente Iván Duque anunciara cambios en su gabinete. En otras palabras, la oportunidad para reencausar su promesa, la Ley de Cuotas y el Decreto 455 de 2020, que fijó una regla para garantizar la igualdad de mujeres en cargos directivos de la Rama Ejecutiva, impartiendo un principio de progresividad. En ese sentido, para este año, el porcentaje de ministras, directoras de departamento y demás debe de ser del 45.
Y no se trata de sacar a un hombre para que entre una mujer, sino cuando un cargo quede en vacancia, según la ley y el mismo decreto. Eso significa tener como primera candidata de reemplazo a una profesional y eso se debió de aplicar en los ministerios del Interior, Cultura y Defensa, cuando Alicia Arango, Carmen Vásquez, respectivamente, renunciaron y cuando Carlos Holmes Trujillo falleció a causa del COVID-19, dejando la cartera de defensa y seguridad sin un doliente. Pero este escenario no ocurrió.
En la situación actual, el primero y más obvio cambio fue en el Ministerio de Hacienda, desde donde se diseñó y sacó un proyecto de reforma tributaria que terminó siendo el gatillo que disparó la indignación de las personas para que salieran a las calles. Quien llegó en reemplazo de Alberto Carrasquilla no fue una mujer, sino el que se venía desempeñando como ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.
Con ese cambio, la realidad ministerial seguía siendo la misma: 27.7% de mujeres. Y mucho más, cuando en principio, se hablaba de que el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, llegaría al Ministerio de Comercio. Días después se conoció de la renuncia irrevocable de Claudia Blum como canciller y el nombramiento (de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez) acertado de otra mujer en ese cargo para no ahondar más en el desequilibrio de mujeres.
Las cargas en el gabinete por fin cambiaron con la designación de María Ximena Lombana en el Ministerio de Comercio, asegurando con ella el 33% de participación femenina. Y tras ella, llegó Angélica Mayolo al despacho de cultura para relevar a Felipe Buitrago. Si la meta para este 2021, según el Decreto 455 es del 45%, el Gobierno apenas va en un 38%.
“Estamos en una etapa de muchos cambios y una de inestabilidad en el gabinete. Entonces yo esperaría un poco antes de decir que definitivamente está cumpliendo (la Ley de Cuotas), porque estamos viendo en la últimas semanas entradas y salidas continuas en los ministerios”, dijo Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia, sin cantar victoria, pues los hechos demostraron durante cuatro meses que el Gobierno no cumplió la Ley 581.
Tomado: El Espectador.com
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