La respuesta del presidente a las movilizaciones afianzó su crisis de gobernabilidad. Sin embargo, medidas como responsabilizar a terceros de lo que está pasando podría desbordar el problema. Análisis
En Chile, un aumento del pasaje de metro desencadenó un proceso constituyente, mientras que en Colombia la presentación de una reforma tributaria fue el detonante de un proceso de movilización social que continúa y cuyo desenlace se desconoce. En la mitad aparece el presidente Iván Duque, cuya respuesta al sentir en las calles no deja de desatar consecuencias en la arena política. Estos son los efectos y secuelas, eso sí, por ahora.
El 9 de febrero de 2021 el presidente Iván Duque anunció en la Radio Nacional que radicaría una reforma tributaria para atender al creciente déficit que había causado el COVID-19 al Estado colombiano. Esta reforma marcó el principio del fin del espacio político que le había brindado la emergencia sanitaria, después de un periodo de activa movilización social en 2019 y una caída en la popularidad que parcialmente había recuperado en los meses de pandemia. El presidente otorgó autonomía para elaborar y presentar la reforma tributaria al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la cual fue socializada con los gremios más cercanos al Gobierno.
¿El resultado? Un proyecto que contenía reformas progresivas en materia de tributación y obtenía sus recursos principalmente de la clase media. A pesar del apoyo de algunos economistas, plasmado en un manifiesto que implícitamente señalaba de ignorantes a las personas que no apoyaban la reforma, estos y el gobierno carecieron de la capacidad de para identificar que la iniciativa nacería políticamente muerta y que despertaría de la hibernación los sentimientos de inconformidad de una gran parte de la población, especialmente la más joven, potenciados por las restricciones sociales, la crisis económica y la agudización de la desigualdad social que se generó en la pandemia.
Un mes después del 28 de abril, el balance del desempeño del Gobierno Nacional no es positivo. El liderazgo presidencial se ha distinguido por sobredimensionar su influencia política, polarizar y mostrarse desconectado de la realidad política y social. La primera característica: continuas retractaciones de decisiones ya tomadas y en las que se asume el costo político, pero se fracasa en la iniciativa, mostrando más debilidad que fortaleza. Por ejemplo, la negativa de Duque de retirar la reforma tributaria, el empeño fallido por mantener la Copa América o negarse a ir a Cali, para terminar viajando en la madrugada.
Ante la incapacidad política del gobierno Duque, varias figuras públicas, como los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos, le han sugerido al Ejecutivo recomponer su gabinete para incorporar nuevas formas de leer y actuar respecto a la coyuntura. Estos llamados se han enfrentado con la renuencia del mandatario a ampliar su coalición de gobierno y, si bien hay un aumento de cuotas de Cambio Radical y el Partido de la U, no hay un cambio sustantivo en la composición de su equipo.
El presidente ha recurrido más al enroque ministerial, moviendo sus ministros y viceministros entre carteras, impidiendo la construcción de un gobierno de coalición que incorpore visiones distintas de la crisis y amplíe el espectro ideológico. Lo anterior ocasionó estrategias que se mantienen sin cambios en este mes, a pesar de su escasa efectividad, entre ellas, responsabilizar del paro a terceros, la ‘securitización’ (volver un tema civil un asunto seguridad) de la protesta y responder con donaciones a demandas de grupos sociales.
Tomado: El Espectador.com
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