Según las organizaciones sociales, al menos 25 casos de este tipo de agresiones se han presentado en dos meses de manifestaciones. Las víctimas son en su gran mayoría mujeres o personas con identidad u orientación sexual diversa. Defensoras de derechos humanos aseguran que ni el Estado ni la sociedad han priorizado esta problemática en sus agendas, a pesar de que hoy se conozcan algunos casos.
Andrés* salió de su casa el viernes 21 de mayo para encontrarse con un grupo de estudiantes con el que marcharía en el municipio de Soledad (Atlántico), en una nueva jornada del paro nacional. La jornada estaba tranquila hasta que llegó la Policía a dispersar a los manifestantes. En medio del alboroto y los gases lacrimógenos, doce jóvenes, entre ellos Andrés, corrieron hacia la casa de un conocido. Todos alcanzaron a entrar, hasta los miembros de la Policía que los perseguían.
Sin orden judicial, ingresaron a la vivienda y, de acuerdo con las versiones de los jóvenes, empezaron a golpearlos. Andrés y dos compañeros salieron en defensa del grupo y a cambio no solo salieron más lastimados sino que, por enfrentarse a los uniformados, fueron capturados y llevados a un CAI, donde les dijeron que estaban privados de la libertad “por obstrucción de las funciones de la fuerza pública”.
Apenas les dijeron que tenían derecho a una llamada, Andrés se comunicó con la Corporación Caribe Afirmativo, que ha brindado orientación jurídica y apoyo psicosocial a personas marchantes LGBT que han sido víctimas de agresiones y detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública durante el paro nacional. Andrés, quien es homosexual, estaba convencido de que ya había sido discriminado por la forma en la que los policías lo llamaban: “maricón” o “mariquita”. Y lo que es peor, la insinuación constante de que “lo que le falta es que le den”. Aún no pasaba lo peor.
Después de la llamada, la Policía les informó que serían trasladados a la estación de policía de San José. El equipo de Caribe Afirmativo se dirigió hacia allá a esperarlos, pero nunca llegaron. La Policía cambió su centro de reclusión sin informar a los familiares ni a sus abogados y los trasladaron a la estación de Soledad 2000. Para entonces ya era la madrugada del sábado.
Cuando los meten a celda, junto a otros detenidos, los policías gritaron que Andrés es un hombre gay y luego lo obligaron a tener prácticas sexuales bajo la amenaza de que si no lo hacía, no lo dejarían en libertad o tomarían represalias en su contra. Andrés fue violentado sexualmente. Tuvo que hacerles sexo oral a los otros hombres y dejarse tocar en contra de su voluntad por el resto sin que sus amigos pudieran defenderlo.
“Eso ocurre toda la noche del sábado hasta el domingo en la mañana cuando son llevados a un juez de control de garantías. Ellos intentan volver a llamarnos para que hagamos el acompañamiento jurídico, pero el lugar donde se adelantaba la audiencia no había señal, así que ellos prefirieron guardar silencio. Fueron dejados en libertad después, y desde entonces estamos haciendo el acompañamiento porque la afectación emocional fue altísima”, asegura Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Tomado: El Espectador.com
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