Mientras que la oposición aseguró que las manifestaciones seguían en pie, desde el oficialismo se criticó el supuesto irrespeto a una determinación de la justicia.
Este miércoles se inicia una nueva jornada de paro, esta vez por la muy criticada reforma tributaria radicada por el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, más allá de las típicas particularidades de cada movilización ciudadana, esta nueva convocatoria viene enmarcada en el tercer pico de contagios por COVID-19. Precisamente esta última ola ha reportado cifras alarmantes en cuanto a enfermos y muertos, y, contrario a anteriores picos, la saturación en las unidades de cuidado intensivo se ha reportado de forma simultanea en las principales ciudades del país.
Por eso, en esta ocasión, se ha presentado aún más debates frente a la viabilidad o no de convocar a movilizaciones ciudadanas que impliquen altas concentraciones de personas en plena pandemia, justo cuando la mayoría de capitales tienen una ocupación entre el 80 % y 99 %. El panorama se hizo aún más extraño con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente y a gobernantes locales suspender los permisos para las movilizaciones hasta que no se alcanzara la inmunidad de rebaño o se presentara un plan de bioseguridad.
Aunque en un primer Gobierno Nacional se había limitado a pedir que no salieran a las calles debido al peligro que conlleva concentraciones de personas en medio del tercer pico de la pandemia, luego la posición cambió con la determinación judicial. En horas de la noche de este martes, el ministro del Interior, Daniel Palacios, salió ante la opinión pública para informar que acataban el fallo.
“Que los manifestantes se abstengan a realizar el día de mañana, 28 de abril y 1 de mayo, manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio. De esta manera damos cumplimiento a ese auto proferido por el tribunal”, fueron las breves palabras del Palacios, que fue acompañado por el ministro de Defensa, Diego Molano, que confirmó la presencia de la Fuerza Pública para garantizar el orden en la jornada de este miércoles.
Por el contrario, el gobierno local de Bogotá simplemente se limitó a decir que negaría los permisos para la instalación de una tarima en la Plaza de Bolívar, pero recordó que fallos de la Corte Constitucional determinaron que las alcaldías no tienen facultad “para autorizar o prohibir la protesta social”. De esta manera, en voz del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, se informó que en la capital no se intervendrá o disolverá ninguna protesta.
Tomado: El Espectador.com
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