En su más reciente alerta temprana la Defensoría del Pueblo alertó que alrededor de 190 mil personas se encuentran en riesgo por cuenta de presencia del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Más de 190 mil personas entre niños, adolescentes, mujeres, víctimas de conflicto armado, afrodescendientes, campesinos e indígenas entre otras poblaciones se encuentran en riesgo en los municipios de El Banco, Guamal y San Sebastían de Buenavista (Magdalena), y Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar), por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana emitida recientemente.
En este caso, el órgano defensor advierte presencia del Clan del Golfo en El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista en Magdalena, mientras que el ELN está en Tamalameque, Chimichagua y Astrea (Cesar).
“Dentro de la población que se localiza en este territorio se evidencia altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y exhibe franjas poblacionales que están muy cerca o se ubican por debajo de la línea de pobreza extrema, hay sectores poblacionales que, en el contexto del escenario de riesgo aquí analizado, deben ser objeto de especial protección”, dice el informe de más de 70 páginas.
De acuerdo con el escenario de riesgo que puso en evidencia la Defensoría se puede mencionar que los seis municipios cuentan con una ubicación estratégica importante debido a que allí es latente el contrabando de cocaína y oro ilegal que proviene de las zonas de cultivos de uso ilícito del Magdalena Medio, del Sur de Bolívar y del Catatumbo, para encaminarse hacia los puertos del litoral Caribe de donde salen con destino a los mercados internacionales.
La ubicación estratégica de estos municipios se ve favorecida por la red de rutas fluviales y terrestres conformada tanto por los ríos Magdalena y Cesar, así como por la red de vías terciarias, caminos vecinales y trochas que fluyen y posibilitan la utilización del territorio como zona de refugio de los grupos al margen de la ley. Además, la cercanía con la frontera venezolana se traduce también en la existencia de economías ilegales como el tráfico de gasolina, armas y personas.
El reporte da cuenta que el escenario de riesgo actual en la zona se configura, principalmente, por la presencia del “Clan del Golfo”, específicamente, de la subestructura Diomedes Dionisio Ortega Ramos perteneciente a la estructura Erlin Pino Duarte. Esta organización criminal mantiene presencia en territorio desde hace un poco más de 10 años.
“Si bien no se ha presentado la incursión de ningún otro grupo armado ilegal adversario con la intención de disputarlo, en zonas articuladas a las dinámicas del Caribe, el Clan del Golfo libran disputas con otros grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Los Caparros”, alertó la Defensoría.
Lo que llama la atención del órgano defensor es que la presencia del Clan del Golfo en la zona es, a su juicio, “imperceptible” y “sofisticada” dedicada al narcotráfico y al lavado de activos; del mismo modo esta estructura se mueve en entornos que faciliten el narcotráfico; y además de eso en lugares donde emerjan bandas que terminan siendo instrumentalizadas en función de sus intereses. “Cabe anotar que, para generar entornos que permitan la movilidad por los corredores de la región, resulta mucho más útil mantener niveles bajos de violencia pues la comisión de homicidios llama la atención de las autoridades”.
Si bien los grupos al margen de la ley pretenden manejar bajo perfil en materia delictiva, el informe del órgano defensor advierte la ocurrencia de homicidios, restricciones a la movilidad e imposición de normas de conducta a la población civil, constreñimiento, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, adolescentes, violencia sexual y basada en género, tráfico de personas con fines de explotación sexual, atentados y reclutamiento forzado de personas con experiencia militar.
Con lo anterior, la Defensoría del Pueblo les recomendó a las entidades territoriales y al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención como los Planes Urgentes de Reacción y Prevención en el marco de los Comités Territoriales de Prevención de los municipios focalizados. A las entidades territoriales, a la Unidad de Víctimas y al Ministerio del Interior les recomendó realizar balance de asignaciones presupuestales para la implementación de los Planes Departamentales y Municipales de Prevención y Contingencia.
Al Ministerio del Interior le pidió activar el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas. A las entidades territoriales y Ministerio de Defensa fortalecer la capacidad técnica y operativa en el territorio para garantizar la seguridad y promover el desmantelamiento de las estructuras y conductas criminales. Finalmente, la Defensoría del Pueblo le recomendó a la Agencia Nacional de Tierras consolidar un informe de titulación de baldíos para la población campesina.
Tomado: El Espectador.com
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